Desplazados. Descertificados de su propia patria.
La crisis de la narco-corrupción política causada por la presencia de dineros del narcotráfico en la pasada campaña presidencial actúa como una inmensa cortina de humo detrás de la cual se oculta la profundidad de la crisis de derechos humanos que vive el país.
La expansión del paramilitarismo y la ola de terror que promueve en regiones militarizadas o declaradas zonas de orden público, el incremento de las acciones de la guerrilla en campos y ciudades no ajenas a infracciones del derecho humanitario y las medidas de orden público acompañadas de regresivos proyectos de ley y de reforma constitucional, son hechos que agravan la crisis.
La precaria legitimidad del gobierno de Samper y la necesidad de buscar el esquivo respaldo de las Fuerzas Militares para mantenerse en el poder explican los virajes en la política de paz y de derechos humanos de la actual administración.
El futuro es más pesimista si a las zonas especiales de orden público se suman propuestas gubernamentales de contrareforma de la Constitución que, en esta materia. apuntan a restablecer el poder dictatorial del gobierno. Proyectos como el impuesto de guerra, la eliminación del control constitucional a la calificación de la declaratoria de la Conmoción Interior y el carácter indefinido de la misma, las funciones de policía judicial a las Fuerzas Militares, la creación de teatros de guerra en las zonas fronterizas y la eliminación de controles a la fuerza pública por parte de la Procuraduría General de la Nación, responden a ese objetivo.
En un país cuestionado ante el mundo por la violación de los derechos humanos, estas medidas no logran el objetivo de la tranquilidad ciudadana y, en cambio, infringen gravemente esos derechos. Así ocurre en el caso de los desplazados según lo confirma el Sistema de Información de Hogares Desplazados por Violencia en Colombia (Sisdes).
Según este estudio, se estima que cada hora son desplazados dos hogares