Una ola de regularizaciones de los extranjeros, en virtud de la Ley de extranjería de 2004 se llevó a cabo en 2005 y tuvo como objetivo la regularización relativa al mercado de trabajo. Un trabajador residente en España durante al menos 6 meses y con un contrato de trabajo que data de al menos 6 meses puede ser elegible para la regularización. A pesar de los aspectos atractivos de este proceso, tiene desventajas para los trabajadores afectados. De hecho, los trabajadores están regulados, pero no a sus familias. Representa un millón de niños que viven en la exclusión, la marginalidad. Además, los trabajadores latinoamericanos, que han dejado sus familias para venir a España, no tienen el derecho de enviar dinero. Así que no pueden traer a sus familias en España, y dejar a sus hijos en la pobreza en su país. Otra consecuencia de esta ley fue la respuesta del llamado. España se enfrenta a una avalancha de inmigrantes, debido al efecto llamada de normalización. Una vez que eran conscientes de este cambio en la política migratoria, miles de extranjeros que vinieron de Europa del Este y África, han aterrizado en España. No saben los requisitos para obtener los papeles. No tenían nada, ni dinero ni lugar a donde ir. Por desgracia, no encontró consuelo en España. El gobierno es impotente contra el flagelo, no puede asistirlos. No puede asegurar las necesidades básicas como la asistencia sanitaria médico. Para poner fin a estas afluencias, el gobierno pone en marcha un intensificado de los controles de entrada. Esto es para volver inmediatamente a su país todos los inmigrantes identificados. Algunos logran escapar de estos controles, otros son liberados en España. Estos inmigrantes viven escondidos, se encontraron con la miseria. Son víctimas del racismo. No pueden encontrar trabajo o vivienda, porque son indocumentados. Tienen poco dinero y no tienen acceso a la sanidad pública o ayudas sociales. Se encuentran en una situación de extrema