I. INTRODUCCIÓN

En los últimos 40 años, la población mayor española ha experimentado un crecimiento muy considerable. El número de personas mayores de 65 años se ha duplicado en este periodo, pasando de 3,3 millones de personas en 1970 (un 9,7% de la población total) a casi 8 millones en 2009 (17% de la población total; datos publicados por el INE a 1 de enero de 2010).

Esta situación se ha visto agravada con el proceso de cuadratura que está sufriendo la parte superior de la pirámide poblacional, fenómeno que se conoce como “envejecimiento del envejecimiento” o, lo que es lo mismo, el incremento que experimenta el colectivo de población de 80 años y más, es muy superior al del grupo de 65 y más en su conjunto. De hecho, los octogenarios son el colectivo que más ha crecido en España en los últimos quince años (el 66% frente al 13% de aumento del resto de la población española) y suman ya más de 2 millones de personas (2.303.206, según datos publicados por el INE a 1 de enero de 2010), tal y como consta en el informe sobre personas mayores que publica el IMSERSO.

No obstante, el incremento de la esperanza de vida (en España, en 2010 se situaba en torno a los 81,2 años al nacer) no viene siempre acompañado de una mejora de la calidad de vida: más de un tercio de las personas mayores de 65 años tiene alguna discapacidad, mientras que entre las menores de 65, esta proporción no llega al 5%.

Así, lo que a priori parece un logro de la sociedad, gracias a los avances médicos, económicos y sociales, en realidad se ha convertido en un problema social, que se ha puesto de manifiesto justo cuando se han consolidado una serie de cambios socioeconómicos que han arraigado con gran intensidad en los países desarrollados.

La atención a este colectivo de población se convierte, pues, en un reto ineludible para los poderes públicos, que requiere una respuesta firme, sostenida y adaptada al actual modelo de nuestra sociedad. No hay que olvidar que, hasta ahora, han