La zafra requiere que los niños usen machetes y otros cuchillos afilados para cortar la caña de azúcar y arrancar las hojas de los tallos, un trabajo que realizan hasta nueve horas al día bajo un sol abrasador.
La Organización Internacional del Trabajo estima que al menos 5.000 y hasta 30.000 menores de 18 años trabajan en las plantaciones de azúcar salvadoreñas. El Salvador establece una edad mínima de 18 años para el empleo en tareas peligrosas y de 14 años para la mayoría de las demás formas de trabajo.
Con frecuencia, no se dispone de atención médica en las plantaciones, y los niños tienen que pagar frecuentemente el costo de su tratamiento médico. Sus empleadores no se lo reembolsan, a pesar de una disposición del Código de Trabajo de El Salvador que los hace responsables de los gastos médicos derivados de riesgos laborales.
Los ingenios azucareros de El Salvador y las empresas que compran o usan azúcar salvadoreño saben o deberían saber que este azúcar es en parte producto del trabajo infantil. Human Rights Watch ha instado a los ingenios azucareros salvadoreños y otras empresas que compran azúcar salvadoreño a que incorporen normas internacionales en sus relaciones contractuales con proveedores y les exijan que hagan lo mismo en toda su cadena de suministro. También deben adoptar sistemas efectivos de control para verificar que las condiciones laborales en las plantaciones de caña de sus proveedores son compatibles con las normas internacionales.
Además, los niños que trabajan en plantaciones de caña de azúcar suelen perder varias semanas o meses de escuela. Por ejemplo, una maestra de una comunidad rural al norte de San Salvador, la capital del país, estimaba que alrededor del 20 por ciento de su clase no asistía a la escuela durante la zafra. Otros niños abandonaban totalmente los estudios. Algunos niños que asisten a la escuela se ven abocados al trabajo peligroso porque es la única manera de que sus familias puedan costearse su educación.
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