Ley de la Industria Cinematográfica y Audiovisual

Una iniciativa de ley sobre la industria cinematográfica ha generado controversia en los últimos días.

La Cámara de Medios de Comunicación, la Cámara de Radiodifusión de Guatemala y la Unión Guatemalteca de Agencias de Publicidad (UGAP) publicaron, el 2 de febrero, un comunicado que alertaba sobre la presentación de “una iniciativa de ley que pretende (…) violar la Constitución de la República y establecer una entidad burocrática con la autoridad para censurar cualquier tipo de material audiovisual”. Algo que podría interpretarse como que el Estado estaba creando un mecanismo para el control de imágenes y producciones en los medios de comunicación.

El comunicado se refería en concreto a la Ley de la Industria Cinematográfica y Audiovisual, propuesta desde 2007 por la Asociación Guatemalteca del Audiovisual y la Cinematografía (Agacine), que se encarga de mantener información y registros sobre los acontecimientos cinematográficos en el país, además de reunir a diversos directores, productores, técnicos y actores de cualquier otra rama relacionada con el cine.

El conflicto medular de la propuesta de ley reside en que “la iniciativa obliga a que antes de iniciar con una producción (audiovisual) se debe iniciar el trámite (de registro)”, dice Gabriel Orellana –representante legal del conjunto de medios– “limitando la libertad de expresión y violando la Constitución”, agrega. La iniciativa dice, en el Artículo 3, de definiciones, inciso b: “Archivo Audiovisual o Cinematográfico: Registro sistematizado de las obras audiovisuales y cinematográficas, nacionales o extranjeras”. De aquí se desprende una lectura que, según la Cámara de Medios, la Cámara de Radiodifusión y la UGAP, “obliga a realizar” dicho registro de una “forma previa” a la publicación del material audiovisual, lo que en suma produciría una censura.

LA INICIATIVA

Fue en 2007 que se presentó esta iniciativa de ley que surge de la idea de