La Comisión Colombiana de Juristas ha denunciado que la abogada Lina Malagón Díaz ha recibido amenazas de muerte y sido declarada “objetivo militar” por los paramilitares Águilas Negras, que la insultan llamándola “puta guerrillera que defiende a sindicalistas”.

Docenas de defensores de derechos humanos colombianos han recibido amenazas de muerte.

En septiembre de 2008, en el depósito de Ocaña, a 610 kilómetros de Bogotá, no cabían los cadáveres de jóvenes sin identificar. Semanas después, el presidente Uribe calificó a esos jóvenes muertos como delincuentes "que no estaban precisamente recogiendo café en una finca", pues, según la fiscalía general, eran guerrilleros “muertos en combate”. Pero Mario Iguarán, fiscal general, dijo ignorar quiénes eran y cómo habían muerto.

Amnistía Internacional denunció que “a finales de octubre de 2008, emergió el escándalo de homicidios de decenas de varones jóvenes de clases marginales, secuestrados y presentados falsamente por el ejército como “guerrilleros muertos en combate”.

Sólo en Soacha aparecieron 12 jóvenes muertos, pero las denuncias superaron los 50. El ejército argumentó que eran reclutados por las FARC y abatidos en combate. Pero la policía averiguó que reclutadores paramilitares recorrían barrios pobres ofreciendo contratos de trabajo a jóvenes desocupados. Los llevaban engañados a zonas de guerra e indicaban al ejército su ubicación para que los mataran y exhibieran como “trofeos de guerra”. Canallada posible por el sistema de recompensas del ejército. Las bajas de guerrilleros son "positivos" en jerga militar y es baremo de eficacia bélica. Las muertes de varones civiles, presentados como guerrilleros abatidos en combate, son “falsos positivos”.

El escándalo forzó al Gobierno a expulsar a 27 oficiales y suboficiales del ejército. Pero sólo los expulsó. Esos homicidios son la punta visible de un gigantesco iceberg. Amnistía Internacional y otros grupos de derechos humanos llevan años denunciando